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COMITÉ EXTRAORDINARIO DE JUSTICIA TRANSICIONAL BUSCA FRENAR CRISIS EN LA SIERRA NEVADA

Gobernadora del Magdalena convoca Comité Extraordinario de Justicia Transicional por crisis en la Sierra Nevada

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, junto al cabildo gobernador arhuaco, Luis Salcedo, solicitó de manera urgente la intervención del Gobierno nacional ante la crítica situación de violencia que atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta, donde comunidades indígenas se encuentran en medio de enfrentamientos entre grupos armados organizados que disputan el control territorial.

Durante un encuentro con autoridades indígenas en zona rural de Aracataca, la mandataria escuchó testimonios que reflejan la grave crisis humanitaria que afecta a la comunidad arhuaca. Según líderes del territorio, los combates han dejado personas heridas y fallecidas, además de mantener en constante riesgo a las poblaciones asentadas en distintos puntos de la Sierra. Se denuncian posibles vulneraciones a los derechos humanos y un ambiente de inseguridad que amenaza la permanencia de las comunidades en sus territorios ancestrales.

Ante este panorama, la Gobernación del Magdalena y las autoridades tradicionales acordaron convocar un Comité Extraordinario de Justicia Transicional para la tarde de este lunes. El objetivo es evaluar la situación y definir acciones inmediatas que permitan atender la emergencia humanitaria y garantizar la protección de la población indígena.

En la sesión se espera la participación virtual de entidades nacionales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el fin de articular una respuesta institucional frente a los hechos y coordinar medidas urgentes de protección.

La convocatoria refleja la preocupación de las autoridades locales y tradicionales por la creciente violencia en la Sierra Nevada, considerada patrimonio ambiental y cultural de Colombia, y busca que el Estado asuma un papel activo en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas que habitan este territorio.

FUENTE: BOLETIN DE PRENSA No. 0948 DE 2026

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