En atención a las instrucciones impartidas por el gobernador Rafael Martínez y con el propósito de garantizar la protección de los derechos humanos en el territorio magdalenense, se lideró en la Casa por la Paz y la Vida en Santa Marta, un espacio de articulación para verificar las condiciones humanitarias que viven las comunidades indígenas en el departamento.
A este espacio acudieron representantes del Cabildo Arhuaco y de la Asociación de Autoridades Kogui Magdalena Muñkuawinmaku, con asentamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, y quienes expusieron su situación actual en materia de derechos humanos, ante funcionarios departamentales de la Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos.
“La Gobernación presentará un apoyo institucional, un acompañamiento en materia de seguridad por solicitud del señor Gobernador a través del secretario del Interior. Son múltiples acciones de acompañamiento en jornadas de transversalización de garantías de acciones constitucionales de tutela, justamente para que las entidades que tienen a su cargo la protección, realicen e implementen las diferentes medidas que como sujetos de reparación colectiva tienen estas comunidades”, señaló Nayara Vargas, Alta Consejera para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena.
Es de recordar que esta dependencia coordina de manera armónica y articulada con las demás entidades del Estado a fin de lograr los fines previstos en la Ley 1448 de 2011 para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, garantizando la promoción y ejercicio de los derechos humanos en el departamento.
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