Más de 100 auditores acompañarán el segundo simulacro de preconteo electoral
La Registraduría Nacional del Estado Civil, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), llevará a cabo el segundo simulacro de preconteo electoral con miras a las elecciones del Congreso de la República programadas para el próximo 8 de marzo.
En este ejercicio participarán más de 100 auditores de sistemas, previamente acreditados por las agrupaciones políticas ante el CNE a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales. Estos auditores tendrán la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas que se emplearán durante los comicios, garantizando transparencia y legitimidad en el proceso.
Adicionalmente, el CNE contará con cinco auditores de sistemas propios, acreditados en representación de la Corporación conforme a la Resolución 0038 de 2026. Su labor será brindar acompañamiento técnico y ejercer vigilancia sobre las actividades preliminares del simulacro, fortaleciendo los mecanismos de control institucional.
Transparencia y control en el proceso
La articulación entre la Registraduría y el CNE busca optimizar los procedimientos técnicos y reforzar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Según la Resolución 1084 de 2026, cada partido, movimiento político, coalición, grupo significativo de ciudadanos y organización de observación electoral podrá acreditar hasta dos auditores de sistemas por centro de procesamiento de datos, en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional.
Plazo para acreditaciones
Las agrupaciones políticas tendrán plazo hasta el 22 de febrero para postular auditores de sistemas mediante la Plataforma Única de Postulación del CNE. El proceso requiere ingresar con las credenciales asignadas, acceder al módulo de actores electorales, seleccionar la opción “auditor de sistemas”, diligenciar la información solicitada y completar la acreditación.
Este simulacro constituye un paso clave en la preparación de las elecciones legislativas, al permitir evaluar la capacidad operativa de los sistemas de preconteo y garantizar que los resultados oficiales se desarrollen bajo estrictos estándares de transparencia y legitimidad.
FUENTE: BOLETÍN DE PRENSA.
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