Un grupo de lideresas sociales, profesionales y juveniles del colectivo Mujeres de Fuerza Ciudadana realizó un plantón pacífico en la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar señalamientos que, según ellas, buscan desprestigiar su trabajo comunitario y político.
Con pancartas, consignas y mensajes de unidad, las participantes exigieron el cese de lo que calificaron como perfilmiento, instrumentalización y estigmatización por parte de sectores políticos y algunos medios de comunicación.
Las manifestantes afirmaron que, durante más de una década, han trabajado en territorios vulnerables en la gestión de proyectos sociales, iniciativas de emprendimiento, procesos culturales y programas de apoyo a poblaciones históricamente excluidas. Señalaron que su labor se ha desarrollado desde lo local, con presencia constante en barrios y corregimientos, y que los señalamientos difundidos públicamente afectan no solo su reputación individual, sino el trabajo colectivo construido en esos espacios.
“Vamos a luchar por nuestros derechos y por nuestra dignidad. Algunos medios de comunicación intentan minimizar y apagar el trabajo comunitario y político realizado por las mujeres de Fuerza Ciudadana, pero no permitiremos que dañen nuestra honra y buen nombre”, declaró Olga Ospino, líder juvenil del municipio de Concordia (Magdalena).
El colectivo advirtió que la utilización de medios y redes sociales como plataformas para deslegitimar el liderazgo femenino genera desconfianza sobre procesos organizativos encabezados por mujeres y reproduce, a su juicio, prácticas machistas y patriarcales que históricamente han intentado minimizar la participación femenina en la vida pública y política. En ese sentido, las manifestantes rechazaron lo que describieron como campañas promovidas por ciertos grupos políticos destinadas a estigmatizarlas.
“Rechazamos toda estigmatización que ciertos grupos políticos promueven en contra de las mujeres de Fuerza Ciudadana. Merecemos respeto y dignidad”, afirmó la abogada Yeidis Martínez.
El plantón buscó visibilizar la posición del colectivo y llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre el impacto que, según las participantes, tienen las acusaciones no verificadas en la continuidad de proyectos sociales y en la confianza de las comunidades beneficiarias. Las lideresas insistieron en la necesidad de que los debates públicos se basen en hechos verificables y no en discursos que, dijeron, responden a intereses políticos.
FUENTE: REDACCIÓN POLÍTICA
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