Ejército Nacional inhabilita 88 unidades de producción minera ilegales en Antioquia y Chocó
En una operación conjunta contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, el Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional Carabineros y Protección Ambiental (DECHO), inutilizó 88 unidades de producción minera (UPM) en los departamentos de Antioquia y Chocó.
Las acciones, lideradas por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) y la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros (BRCMI), generaron una afectación económica estimada en 26.847 millones de pesos a las finanzas de grupos armados organizados, principalmente el Clan del Golfo.
Detalles de la operación
- Chintadó, municipio de Yuto (Chocó):
Se inutilizaron 69 UPM, 22 dragas tipo buzo y 10 excavadoras, avaluadas en 4974 millones de pesos. - El Bagre y Zaragoza (Antioquia):
Fueron inhabilitadas 11 UPM y 11 dragas tipo buzo, empleadas por la subestructura Uldar Cardona del Clan del Golfo, con un impacto económico de 2988 millones de pesos. - Cáceres (Antioquia):
En la vereda Río Man, sector Mandinga, se inutilizaron 8 UPM tipo cielo abierto, valoradas en 69 millones de pesos, vinculadas a la subestructura Yeison Leudo Chaverra.
Impacto ambiental y social
Las UPM ilegales habrían generado una extracción mensual de 52.550 gramos de oro, equivalente a 26.847 millones de pesos en el mercado. Además de afectar las economías ilícitas, estas operaciones buscan frenar el daño ambiental ocasionado por el uso de mercurio y otros metales pesados, la sedimentación en los ríos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Según expertos, los suelos impactados tardarían entre 40 y 50 años en recuperarse.
El Ejército Nacional destacó que la explotación ilícita de minerales, realizada sin título minero conforme a la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), no solo deteriora los recursos naturales, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de las comunidades que dependen legalmente de estas fuentes hídricas.
Continuidad de las operaciones
Las autoridades confirmaron que continuarán desarrollando acciones militares y judiciales en articulación con entidades estatales, con el objetivo de mitigar la extracción ilegal de minerales y proteger el medio ambiente en las regiones más afectadas por este delito.
FUENTE: COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS EJÉRCITO NACIONAL
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