Crece la tensión institucional por presuntas irregularidades en el orden del día, maniobras procedimentales sin la Mesa Directiva y la presencia de la Policía en el recinto. El bloque opositor alista acciones legales.
Una severa crisis institucional y procedimental enfrenta el Concejo Municipal de Ciénaga tras los hechos registrados durante la reciente convocatoria a sesiones extraordinarias. A la caldeada jornada del pasado domingo 20 de septiembre a las 7:00 p. m. —marcada por fuertes discusiones sobre la existencia del orden del día y la presencia de la Policía Nacional en el recinto— se suma ahora un pronunciamiento público suscrito por ocho concejales, quienes denuncian presuntas irregularidades bajo la presidencia de Rodrigo Auque Diazgranados y anuncian el recurso a instancias constitucionales, administrativas y disciplinarias.
Presencia policial, comisiones «impositivas» y sin orden del día aprobado
La controversia escaló durante la sesión extraordinaria del domingo 20 de septiembre. Según los registros sonoros de la reunión, diversos cabildantes denunciaron de manera reiterada que no existía un orden del día debidamente aprobado por la mesa directiva, por lo cual exigieron al presidente de la corporación exhibir el documento soporte antes de iniciar las deliberaciones.
La tensión aumentó en el recinto ante la presencia de agentes de la Policía Nacional. Varios corporados exigieron explicaciones públicas sobre la presencia de los uniformados y cuestionaron si se contemplaba una eventual intervención de la fuerza pública para retirarlos del recinto.
El centro de la disputa radica en la conformación de las comisiones accidentales encargadas de estudiar seis proyectos de acuerdo presentados por la Alcaldía Municipal, así como en el trámite dado a dichas iniciativas, las cuales —según manifestaron algunos munícipes— podrían afectar los intereses del municipio. Frente a estas denuncias, los cabildantes exigieron la presentación de las actas formales de constitución de dichas comisiones y advirtieron que no continuarían con el trámite legislativo hasta que se aclararan las condiciones de la convocatoria.
Bloque de ocho concejales denuncia anomalías procedimentales
Ante la gravedad de los acontecimientos, ocho integrantes de la corporación hicieron público un comunicado oficial en el que manifiestan su profunda preocupación por las decisiones adoptadas en los últimos días bajo la conducción del presidente Rodrigo Auque Diazgranados.
El documento está suscrito por los concejales:
-
Carlos Padilla Peña
-
Giselle Lafarie Fernández
-
Orlando de la Rosa Pertuz
-
María Mellado Fuentes
-
Diego Serrano Ardila
-
Ernesto Durán
-
Felipe Campo Rendón
-
Audenago Velásquez Navarro
En el texto, los cabildantes aclaran que su posición no responde a diferencias personales ni busca desconocer el principio de mayorías, sino garantizar que los procesos se ajusten estrictamente a la Ley y al Reglamento Interno del Concejo Municipal.
Los puntos críticos de la controversia
Entre las actuaciones que exigen esclarecer formalmente ante los entes de control, los corporados señalan:
-
Exclusión de la Mesa Directiva: Los dos vicepresidentes del Concejo denunciaron formalmente que no fueron convocados a la reunión de la Mesa Directiva en la que presuntamente se conformaron las comisiones accidentales para el estudio de los seis proyectos de acuerdo del Gobierno Local.
-
Vacante en la Secretaría: Cuestionamientos severos frente a la renuncia del Secretario General y la legalidad de las actuaciones posteriores en materia secretarial.
-
Manejo de Proyectos: Irregularidades en los procedimientos de los primeros debates, así como en la posterior solicitud de retiro y devolución de las seis iniciativas gubernamentales.
Petición de custodia documental y acciones ante entes de control
Dado que existen registros audiovisuales, constancias y comunicaciones escritas sobre el desarrollo de las jornadas, el grupo de ocho concejales solicitó formalmente la preservación y custodia inmediata de todas las actas, grabaciones, expedientes, resoluciones y convocatorias vinculadas al caso.
Asimismo, anunciaron que acudirán a las autoridades constitucionales, administrativas y disciplinarias competentes para que se determine si las actuaciones de la presidencia violaron la Constitución, la ley o el Reglamento Interno.
«No buscamos paralizar el funcionamiento de la corporación ni impedir que las mayorías adopten decisiones, sino garantizar que tanto mayorías como minorías actuemos bajo las mismas reglas del juego, preservando la transparencia, la deliberación y el respeto institucional en Ciénaga», enfatizaron los firmantes.
Hasta el momento, la validez de los trámites adelantados y la existencia de eventuales faltas procedimentales quedan sujetas a la verificación formal de los documentos oficiales y al dictamen que emitan los organismos de control.
FUENTE: SABUESO JUDICIAL
About Author
