Hasta la zona de Clarestero o la finca ‘La ilusión’, en Río Frío, Zona Bananera, propiedad de una poderosa familia de empresarios de Santa Marta, llegaron las autoridades de Policía para adelantar un allanamiento por el presunto robo de redes de energía. El proceso liderado por la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, fue adelantado con una orden entregada por el fiscal del caso porque al parecer en la propiedad actúa una de las más poderosas redes de robo de energía del país.
Según fue manifestado por la entidad el operativo se evidenció la manipulación y alteración de elementos empleados para la medición de los consumos (equipos de medida), con el fin de obtener el servicio de energía eléctrica mediante conexiones no autorizadas por la empresa Electricaribe. Según la Superintendencia el propietario de la finca, quien fue identificado por Caracol Noticias como Manuel Julián Maya, le cerca de $3.400 millones de pesos a la concesionaria de energía eléctrica en la costa norte. Según se conoció la deuda es correspondiente a facturas no pagadas en los últimos doce años, facturas pagadas parcialmente e intereses moratorios.
La compañía emitió distintas órdenes de suspensión del servicio, pero dada la ubicación del equipo de medida, el cual fue trasladado irregularmente por el propietario del predio, no se habían podido ejecutar. Ante ello, se desmontaron 1.400 metros de cable de aluminio número 2, un transformador trifásico de 45 kilovatios, un poste de doce metros de cemento, seis crucetas de madera, una cruceta metálica, veinticinco aisladores y seis corta circuitos; asimismo se inhabilitaron otros dos transformadores que quedaron en custodia en la finca.
La Superintendente, Natasha Avendaño García, fue enfática en afirmar que:
“es inaudito que personas y empresas como los propietarios de “La Ilusión” que son quienes más recursos tienen, realicen acciones inescrupulosas que afectan a toda una comunidad, estas conductas pueden configurar un delito por defraudación de fluidos tal como lo contempla el artículo 256 del Código Penal. Serán las autoridades competentes las que tomen las medidas necesarias e inicien las investigaciones pertinentes frente a estos hechos que afectan la operación de la empresa y la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.
Este operativo sirvió para restituir los derechos de la empresa, garantizando también que los vecinos al inmueble allanado, no se vieran afectados por el corte en el servicio de energía en el lugar.
FUENTE: SANTA MARTA AL DIA.
About Author
Deja una respuesta